Medida anti tecnica services

¿Eliminar los “services” en el Perú? Una medida anti técnica que puede debilitar la formalidad y afectar al consumidor

En el Perú se ha reactivado el debate sobre la eliminación o prohibición de los llamados “services”, es decir, los mecanismos de tercerización e intermediación laboral mediante los cuales una empresa contrata a otra para prestar determinados servicios especializados o complementarios.

La discusión no puede abordarse desde una perspectiva ideológica o coyuntural. Se trata de una decisión de política pública con efectos económicos profundos, especialmente en un país donde más del 70% de la fuerza laboral opera en la informalidad.

Desde la óptica de la defensa del consumidor y del funcionamiento eficiente del mercado —como promueve la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)— resulta indispensable analizar el impacto real de esta medida.

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La carga laboral formal en el Perú: una estructura rígida y costosa

Las empresas formales en el Perú asumen una carga laboral significativa que incluye:

• Aportes obligatorios a EsSalud.

• Gratificaciones (julio y diciembre).

• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

• Vacaciones pagadas.

• Asignación familiar.

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (cuando corresponde).

• Utilidades en determinados sectores.

• En la práctica, hasta 14 remuneraciones anuales en el caso de medianas y grandes empresas.

A ello se suman costos administrativos, fiscalizaciones, contingencias judiciales laborales y una alta litigiosidad.

El resultado es una estructura rígida que muchas veces dificulta la competitividad frente a operadores informales que no cumplen ninguna obligación.

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Un sistema que exige, pero no responde con eficiencia

Uno de los puntos más sensibles del debate es el siguiente:
Las empresas y trabajadores formales pagan obligatoriamente por el sistema público de salud. Sin embargo, la calidad y capacidad resolutiva del sistema estatal —como el de EsSalud— enfrenta cuestionamientos recurrentes en tiempos de espera, infraestructura y acceso oportuno a servicios especializados.

Esto genera una paradoja estructural:

• El empleador paga.

• El trabajador aporta.

• Pero muchas veces ambos terminan recurriendo a seguros privados para obtener atención adecuada.

En la práctica, se paga doble: por el sistema obligatorio y por uno privado.

Si el Estado exige contribuciones obligatorias, lo técnicamente coherente es garantizar un servicio eficiente. Antes de imponer mayores cargas o eliminar mecanismos empresariales como la tercerización, corresponde revisar la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios ofrecidos.

Incluso sería razonable plantear que quienes legislan estas reformas utilicen de manera exclusiva los servicios estatales que obligan a financiar, como señal de coherencia y responsabilidad institucional.

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¿Por qué las empresas recurren a los “services”?

La tercerización no surge como un mecanismo evasivo per se. Surge como respuesta a:

• Rigidez normativa.

• Elevados costos laborales no salariales.

• Alta exposición judicial.

• Necesidad de especialización.

• Competencia en mercados dinámicos.

En economías modernas, la tercerización permite que una empresa se concentre en su actividad principal y delegue actividades complementarias a operadores especializados.

Eliminar esta figura de manera general podría generar consecuencias no previstas:

• Reducción de contratación formal.

• Traslado de operaciones a la informalidad.

• Cierre de pequeñas y medianas empresas.

• Mayor desempleo.

• Menor competencia en el mercado.

Y cuando disminuye la competencia, el consumidor termina pagando más por menos.

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Una medida anti técnica en un país con 70% de informalidad

En un país donde la informalidad supera ampliamente a la formalidad, las políticas públicas deberían orientarse a:

• Incentivar la formalización.

• Simplificar el régimen laboral.

• Reducir sobrecostos no salariales.

• Fortalecer la fiscalización contra la simulación laboral.

No a debilitar a quienes ya están dentro del sistema formal.

Prohibir los “services” sin distinguir entre tercerización legítima y fraude laboral puede convertirse en una medida anti técnica, con efectos contraproducentes:

• Se castiga al que cumple.

• Se fortalece indirectamente al informal.

• Se debilita la inversión.

• Se reduce la generación de empleo formal.

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El impacto en el consumidor

La defensa del consumidor no se limita a sancionar cláusulas abusivas o prácticas comerciales desleales. También implica velar por mercados eficientes y competitivos.

Si se incrementan los costos estructurales empresariales sin una reforma integral del sistema laboral y de salud, el impacto puede traducirse en:

• Aumento de precios.

• Menor calidad de servicio.

• Reducción de oferta.

• Desincentivo a la inversión.

Un entorno económico menos dinámico afecta directamente el bienestar del consumidor.

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Lo que debería discutirse realmente

El debate de fondo no es “services sí” o “services no”.
El debate técnico debería centrarse en:

• ¿Cómo reducir la informalidad estructural?

• ¿Cómo hacer eficiente el sistema público de salud?

• ¿Cómo equilibrar protección laboral con sostenibilidad empresarial?

• ¿Cómo evitar la simulación laboral sin eliminar herramientas legítimas?

Las reformas laborales deben basarse en evidencia económica y estudios de impacto, no en respuestas coyunturales.